Millonario negocio petrolero entre Venezuela y EEUU sostiene al gobierno de Maduro

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Prensa Gobernación de Anzoátegui

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha recibido este lunes dos proyectos de resolución sobre la crisis en Venezuela. La situación se debatirá en la próxima reunión de cancilleres del organismo que tendrá lugar en su sede de Washington, el próximo miércoles.

De acuerdo a la web de la organización, Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá presentaron una propuesta para que la OEA inste al gobierno de Nicolás Maduro a frenar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente "en la forma en que está concebida actualmente", así como a suspender los enjuiciamientos de civiles por tribunales militares, entre otros cuestionamientos.

La delegación de Antigua y Barbuda presentó otro borrador en el que también insiste en poner fin al proceso de la Asamblea Constituyente convocado por Maduro y para el que se prevé elegir a un total de 545 corredactores de una nueva Constitución para el país.

El pasado 1 de mayo, Nicolás Maduro convocó una Constituyente como una salida a las protestas que desde el pasado 1 de abril mantiene la oposición en demanda de elecciones generales. El 23 de mayo, el presidente venezolano firmó el decreto con las "bases" para la convocatoria a la Constituyente y horas después el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que la propuesta "cumple con las formalidades" y señaló que la consulta será a fines de julio.

Los embajadores en la OEA se han reunido en público y en privado en los últimos días para preparar el encuentro y acercar posiciones entre quienes prefieren contundencia para presionar al gobierno venezolano a hacer cambios y quienes quieren que el organismo esté en un segundo plano al respecto.

Trabajan sobre "un documento base" para tratar de consensuar una resolución, algo que no será fácil porque toda decisión que se tome en la reunión debe aprobarse por dos tercios de los países que asistan. Si, como se prevee, participan 33 naciones, serían necesarios 22 votos para aprobar cualquier texto.

Cabe señalar que un militar retirado de 34 años linchado y un joven de 20 herido en circunstancias confusas elevaron a 60 la cantidad oficial de muertos durante las protestas antigubernamentales que vienen realizándose casi cotidianamente desde principios de abril pasado en Venezuela y que también dejaron más de 1.100 heridos, según datos oficiales.

Millonario negocio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos sostiene al gobierno de Maduro

Las gasolineras de Citgo en Estados Unidos son propiedad de Pdvsa, la compañía estatal petrolera de Venezuela. Los grifos suponen el eslabón final de la cadena detrás del millonario negocio petrolero de Venezuela con EEUU.

Las administraciones de Barack Obama y Donald Trump han impuesto en los últimos años sanciones —las últimas el pasado 18 de mayo— contra el entorno de Nicolás Maduro por la deriva autoritaria del presidente venezolano en el empobrecido país caribeño. Maduro acusa a EEUU de orquestar un plan para derrocarle y Trump asegura que Venezuela es un “desastre”. Pero detrás de esa retórica y bajo la amenaza de nuevas penalizaciones de Washington, se mantiene el rentable comercio petrolero.

Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es el tercer suministrador para EEUU. Caracas vendió en 2016 de media 741.000 barriles al día de crudo a Washington, según el registro del Departamento de Energía estadounidense. Teniendo en cuenta el precio de referencia del año pasado, equivale a un negocio de 32,2 millones de dólares al día. Citgo, que Pdvsa controla desde los años ochenta, es el principal comprador de combustible venezolano en Estados Unidos.

Washington solo ha impuesto sanciones individuales a Caracas, por ejemplo a altos cargos políticos y judiciales que tienen ahora bloqueados sus bienes en Estados Unidos. Pero ante el declive democrático en el país latinoamericano, acentuado en las últimas semanas por los intentos de Maduro de reescribir la Constitución para aislar a la oposición, ha crecido la especulación sobre si la Administración Trump se atrevería a adoptar penalizaciones sectoriales. Cualquier paso en esa dirección afectaría a la industria petrolera. El crudo es el sustento de la economía venezolana y su único lazo comercial relevante con Estados Unidos.

Un embargo al petróleo venezolano, como el que impusieron Estados Unidos y la Unión Europea a Irán hasta la implementación del acuerdo nuclear, sería apabullante para Caracas. “Venezuela necesita a Estados Unidos mucho más de lo que Estados Unidos necesita a Venezuela”, dice en una entrevista Mara Roberts, analista energética en Nueva York de la consultora BMI Research.

Venezuela —que posee las mayores reservas del hidrocarburo del mundo— exportó en 2016 a Estados Unidos el 30% de su producción y colmó el 4% de la demanda estadounidense, según datos citados por la agencia Bloomberg. El envío de barriles cayó el año pasado a su nivel más bajo desde 1991 por las dificultades de producción venezolana, pero el país mantiene una cómoda ventaja frente a México y Colombia, que son el cuarto y quinto suministrador, respectivamente, de crudo a Estados Unidos.

Roberts sostiene que Estados Unidos podría resistir perfectamente un embargo al petróleo venezolano. Lo podría compensar sin que lo notara el consumidor con una mayor importación de otros países, principalmente Canadá, que es con diferencia su principal proveedor. En cambio, Venezuela tiene una “dependencia increíble” del mercado norteamericano.

Un embargo, señala la experta, desencadenaría un triple efecto nocivo para Caracas. Pdvsa tendría que buscar nuevos mercados y más lejanos para compensar el bloqueo de Washington, lo que debilitaría aún más sus frágiles finanzas, ya muy golpeadas por el descenso del precio del petróleo y la mala gestión interna. Las tres refinerías de Citgo en Estados Unidos tendrían que importar crudo de otros países, lo que también dispararía los costes. Y los ciudadanos venezolanos “pagarían el precio” por el aún mayor ahogo económico que sufriría el Gobierno y que empeoraría la crisis humanitaria en el país.

Habría incluso una cuarta consecuencia retroactiva. Venezuela ya no podría comprar, como hizo por primera vez a principios de 2016, petróleo de Estados Unidos —que diluye en el suyo, que es más pesado— para compensar el declive de su producción por la escasa inversión.

Con información de EFE y El País

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